«Muchas gracias, señora presidenta. Ante un escándalo de la envergadura como al que nos enfrentamos en este punto del orden del día -el escándalo sobre las órdenes de alejamiento bajo controles telemáticos-, el Grupo Popular pide una auditoría y la dimisión de la ministra. Nosotros venimos a enmendar y, sobre todo, venimos a pedirles que sean valientes. Si lo que queremos es proteger verdaderamente a las víctimas, nos da igual que dimita la ministra. Lo que habrá que hacer es suprimir el Ministerio de Igualdad. (Aplausos). Lo que habrá que hacer es destinar esos 575 millones, que solo sirven para hacer anuncios contra el heteropatriarcado machista, a proteger a las que son las víctimas de verdad, no que sean la mercancía política de la bancada azul de turno en este Parlamento. Las órdenes de alejamiento pueden ser susceptibles de ser controladas con un sistema telemático y es algo que se prevé ya en el propio Código Penal. El artículo 48.4 ya prevé que hay órganos judiciales que pueden acordar que penas que prohíban la aproximación a la víctima sean controladas por medios electrónicos. La cronología o el precedente de lo que ha sucedido, aunque es de sobra conocido por sus señorías, desde el año 2009 ha visto diferentes contratos públicos. El último de ellos es del año 2023, cuya licitación fue liderada por la señora ministra Irene Montero. Fue un concurso, por cierto, de nada más y nada menos que 42 millones de euros; 42 millones de euros que han desprotegido a las víctimas en este país. Es un sistema que, en definitiva, ha producido una serie de fallos; unos fallos que ya había adelantado el Ministerio Fiscal; unos fallos de los que ya habían alertado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; unos fallos que ya se vieron en el seno de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a puerta cerrada. Momento en el cual, por cierto, al Partido Popular, aun conociéndolos, le importaron bastante poco. (Aplausos). A nosotros, desde luego, nos importa que las víctimas estén protegidas y, desde luego, nos importa, incluso más que que estén protegidas, que no se haga política barata con las mujeres que sufren, como sucede con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Los fallos de los que adolecían estos sistemas telemáticos han ido desde la pérdida de datos históricos hasta los usuales fallos de geolocalización, cobertura o manipulación. Pero insistimos en que el Partido Popular lo que pide en esta iniciativa -que sí, claro que es importante- es esclarecer los hechos. Lo que VOX quiere no es solo que se esclarezcan los hechos, es que protejamos a las víctimas. (Aplausos). Es que hay una serie de mujeres que han visto sobreseídos expedientes de sus maltratadores por el fallo de estos sistemas de geolocalización que pilotaba el Ministerio de Igualdad. ¿Pero en qué cabeza cabe que un sistema para proteger a víctimas esté pilotado por la colección de Charos del Ministerio de Igualdad? (Aplausos). Tendrá que ser gestionado por aquellas personas cualificadas para proteger a las mujeres, cualificadas para proteger a todos los españoles en general, por todas esas personas, que conocemos, que están en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A una mujer que es víctima, que se siente perseguida, no le sirve de nada que le haga una llamada la psicóloga de turno del Ministerio de Igualdad. Le sirve, si se siente en peligro y se encuentra en una situación de peligro, que se envíe a una persona para protegerla y preservar su integridad física. Y esto es del sentido común más elemental.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.