«Gràcies. Señorías, el PP trae hoy su cuarta -cuarta- iniciativa sobre los problemas que ha habido alrededor de las pulseras para geolocalizar a los maltratadores. Podríamos decir que hay un empate a dos entre las iniciativas presentadas en el Senado y las iniciativas presentadas aquí, en el Congreso. Es una cuestión que es muy evidente. El PP sabe perfectamente que este es un tema que desgasta al Gobierno español y le quieren sustraer todo el rédito político. Pero esto tiene consecuencias, porque buscan la confrontación en un tema muy sensible que requiere autorresponsabilidad para no generar alarma social, porque existe el riesgo de que acaben generando desconfianza en el sistema de protección de las víctimas. Tanta desconfianza acaba haciendo que se rechace este sistema de protección precisamente cuando, a pesar de todo, sigue siendo la mejor medida que existe hoy en día para protegerlas, para dar a las víctimas de violencia machista una cierta seguridad. Estamos de acuerdo, que quede claro, en el fondo de la cuestión. El Gobierno español debe actuar con transparencia siempre, especialmente si hablamos de seguridad. Esta transparencia, ya lo dijimos el otro día y lo repetimos, no ha existido. Por este motivo, Junts registró preguntas sobre un servicio que afecta a 4730 mujeres de todo el Estado, 127 de las cuales en Cataluña. Mujeres que necesitan saber si sus maltratadores rompen la orden de alejamiento. Mujeres que en muchos casos viven en un desasosiego constante, a veces por culpa de las mismas pulseras, porque los dispositivos nuevos, según nos explicaban el otro día, son mucho más sensibles y han generado muchas más activaciones y también muchas más falsas alarmas, con lo que eso inquieta mucho a las víctimas. Podemos imaginar el estrés y el miedo que esto les representa. La propia ministra Redondo nos explicó que se habían ajustado las pulseras para evitar esos sustos.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.