«Muchas gracias, señor presidente. Hoy vamos a hablar de un asunto que debería dar mucha vergüenza al Estado: las Administraciones públicas llevan años y años cometiendo fraude laboral. Sí, han escuchado bien, fraude laboral a víctimas, que tienen nombres y apellidos. Esas víctimas son las trabajadoras públicas que están en situación de temporalidad. Más de novecientas mil personas llevan años, incluso décadas, con contratos, nombramientos y promesas completamente incumplidas. Son personas que sostienen nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros servicios sociales, personas que, sí, han pasado por procesos públicos, que cumplen con todos los requisitos, pero que, sin embargo, hoy en día siguen viviendo con el miedo en el cuerpo. Y digo bien: tienen miedo en el cuerpo porque no hay más que hablar con ellas -la mayoría son mujeres- para comprobar que tienen una gran incertidumbre sobre su futuro. No saben si el mes que viene van a seguir en su puesto de trabajo o no van a seguir. Son mujeres que cuidan, mujeres que enseñan, mujeres que atienden. Son mujeres que lo han dado todo por el servicio público mientras la Administración incumplía la ley de forma flagrante, a veces durante más de veinte años.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.