«Hace veinticinco años que el Estado no transpone la directiva que le obliga a sancionar precisamente los abusos de la contratación temporal. La Ley 20/2021 solo pretendía evitar las sanciones sin atacar las causas del problema. Resultado: las tasas de temporalidad no solo no han bajado, sino que como consecuencia de esa Ley 20/2021 se ha cesado a miles de trabajadores sin indemnizaciones y, paradójicamente, también sin tener en cuenta las necesidades del propio servicio público. Y, si no, vean ustedes el caos generado por el señor Dalmau en la Generalitat de Catalunya. La Unión Europea ha dejado claro que España está fuera de juego. Aparte de los millonarios procedimientos sancionadores, el tribunal ya ha dicho que los procesos de la Ley 20/2021 no solo la sanción a los abusos a los derechos de interinos que exige el derecho europeo, y el abogado ha dado un paso más, y, si bien las conclusiones no determinan lo que acabe decidiendo el TJUE, las instituciones europeas han dicho basta y quieren terminar con el abuso de la temporalidad en la Administración pública española.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.