«Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. La semana pasada nosotras escuchamos atentamente tanto al ministro como a Noemí Santana debatir en la interpelación urgente sobre un asunto que consideramos un problema de gran importancia, que es la temporalidad y la precariedad en la función pública. Y que es un problema, no es una percepción subjetiva, sino que es producto de una realidad objetiva. Casi un tercio de las empleadas públicas de nuestras Administraciones son temporales, y este problema que nos ocupa se retrata fácilmente. Las entidades que tienen que dar ejemplo en cuanto a estabilidad en el empleo son las que siguen generando temporalidad y, por tanto, precariedad. Como dice el refrán: En casa del herrero, cucharón de palo. Y los números no engañan: 40,3 % de temporalidad en las comunidades autónomas y 35,8 % en las entidades locales. El límite a cumplir era del 8 %; solo lo ha cumplido la AGE, la Administración General del Estado. (Aplausos). El ministro desglosó los datos por Administraciones y, aunque la Administración General del Estado estaba por debajo de la temporalidad exigida, las comunidades autónomas y una parte de las entidades locales no han conseguido controlar ni un poco esa temporalidad. Hablaba el ministro de más de trescientas mil plazas estabilizadas por la Ley 20/2021; ley que se ha demostrado claramente poco útil para resolver el problema de la temporalidad, porque, aun habiendo estabilizado a más de trescientas mil personas, sigue habiendo casi un millón de personas precarias y temporales en nuestra función pública. (Aplausos). Y digo que es una herramienta poco útil porque desde el inicio se ha enfocado el problema, que afecta a personas, como un problema que afectaba a plazas, como si estas últimas fueran susceptibles de sufrir precariedad o sufrir fraudes de ley, o porque algunas Administraciones han realizado interpretaciones torticeras o directamente han incumplido lo establecido en la norma. Solo eso puede explicar que muchas ofertas de empleo público sigan judicializadas. Son Administraciones que han estado incumpliendo la legislación en materia de personal durante décadas, el mismo tiempo que llevan abusando de trabajadoras públicas al negarles la estabilidad. Y ahora invocan la Constitución de forma interesada, pretendiendo que las consecuencias de los fraudes de ley cometidos sean asumidas por las trabajadoras que son víctimas de abuso y de precariedad. El mundo al revés.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.