«La conclusión es clara. Se ha sacrificado la seguridad del sistema eléctrico español en el altar de la agenda ideológica verde de Bruselas. Señorías, el Reglamento de la Unión Europea 2019/943 obliga a los Estados a garantizar márgenes adecuados de capacidad y mecanismos de resiliencia, y la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, establece que la seguridad y la continuidad del suministro son obligaciones ineludibles del Estado. Este Gobierno ha incumplido ambas exigencias. (Aplausos). Por eso, nuestra moción propone medidas inmediatas y verificables: reforzar reservas y generación gestionable, incluyendo ciclos combinados y bombeo de energía hidroeléctrica en embalses, con contratos por disponibilidad y pruebas de estrés; acelerar la planificación de red y acabar con los cuellos de botella, priorizando la inversión en zonas rurales y periféricas y permitiendo que la iniciativa privada pueda ejecutar infraestructuras cuando Red Eléctrica no lo haga -la tasa de retribución, por ejemplo, que nos dicen las empresas del sector, es un seis y pico por ciento, muy por debajo de lo que se está pagando en otros países de nuestro entorno-; reconocer la energía nuclear, por supuesto, como fuente esencial de estabilidad, paralizar ese cierre absurdo de centrales nucleares y prolongar su vida útil (aplausos) -nos estamos encontrando, además, con la circunstancia de que se está negociando una moratoria, por ejemplo, en Cataluña, mientras que se cierra Almaraz, lo que quebranta absolutamente la igualdad de oportunidades de todos los españoles, y volvemos otra vez a ver lo absurdo de ese sistema autonómico y de las negociaciones de este Gobierno, que son absolutamente absurdas, y parece que el resto de España estamos siendo una colonia de los intereses políticos de determinados partidos-; revisar el PNIEC para eliminar su sesgo ideológico y adaptarlo a las necesidades reales de España; derogar las políticas, por supuesto, del Pacto Verde Europeo y esa Ley 7/2021, de cambio climático, que debilitan nuestra soberanía energética y atan a España a un modelo ruinoso; diseñar una nueva regulación energética nacional que garantice un suministro estable, seguro y asequible, y, en paralelo, aprobar un plan nacional del agua que contemple interconexión de cuencas, nuevos embalses y coordinación entre confederaciones hidrográficas para asegurar ese trinomio de agua, energía y, por supuesto, regadío.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.