«Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gamarra, por su pregunta. La ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia ha supuesto la mayor reforma de la estructura judicial en nuestro país en los últimos dos siglos. Hemos cambiado la planta judicial, que databa del año 1835, para que por fin haya tribunales de instancia colegiados que puedan tener flexibilidad para afrontar los retos que tiene la justicia del siglo XXI. Ustedes pactaron en comisión; hablamos, llegamos a acuerdos y, finalmente, votaron en contra. Pero usted sabe que la ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia era un paso imprescindible para cambiar estructuras del siglo XIX, señora Gamarra, del siglo XIX. Es el momento en la justicia de las reformas. Ustedes, con el inmovilismo, claro: todo el mundo en su sitio. Nosotros, los progresistas, reformando y mejorando; ustedes, los conservadores, en el inmovilismo. Hacía referencia también a otras cuestiones, como, por ejemplo, el informe de la Comisión de Venecia sobre el Estado de derecho que el otro día se hizo público. Le pido, le ruego casi, que se lea el apartado 26 y el apartado 36. En el primero se dice que no hay estándares obligatorios, que no hay directiva, que no hay reglamento que establezca un modelo único de Consejo General del Poder Judicial, como es obvio, como llevo años diciendo. ¿Por qué? Porque en Alemania no hay Consejo, porque en Italia el ministro de Justicia forma parte, porque en Francia a algunos vocales del Consejo los nombra el presidente de la República. Lo que hay que garantizar es la independencia judicial. ¿Y sabe lo que dice Europa, tanto la Comisión Europea como el GRECO? Dice que en España la independencia judicial es plena, es completa.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.