«Cuando la Fiscalía deja de ser independiente, deja de servir a la ley y empieza a servir al poder. La Fiscalía al servicio del sanchismo no es una hipótesis, no es una opinión, es la realidad que hoy vive España. Señorías, estamos a una semana de que, por primera vez en nuestra democracia, un fiscal general del Estado en ejercicio se siente en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general del Estado ha pasado de perseguir delitos a sentarse en el banquillo por, presuntamente, cometerlos. En definitiva, nunca antes el Ministerio Fiscal había estado en una situación tan delicada. Y, señorías, la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo está consagrada en la Constitución del 78, concretamente en el artículo 124. Este artículo al que acabo de referirme atribuye al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, pero con sujeción al principio de imparcialidad. Por más que este Gobierno, sin mayoría, sin presupuestos y sin proyecto, quiera hacer creer que el Estado en su totalidad le pertenece, esto no es así. Por eso, en los últimos siete años hemos visto cómo el Gobierno ha ido erosionando gravemente la independencia del Ministerio Fiscal. '¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso'. Era toda una declaración de intenciones de lo que estaba por venir y de lo que ha venido. Primero, puertas giratorias entre el Gobierno y la Fiscalía; Dolores Delgado -seguro que la recuerdan-, del banco azul directamente a la Fiscalía General del Estado. Después intercambio de favores: fue nombrado como fiscal general su propio colaborador -un nombramiento, por cierto, rechazado por el Consejo General del Poder Judicial-, y poco después ese colaborador devolvía el favor a su antigua jefa apañándole una fiscalía específica, en un ejercicio calificado por el Tribunal Supremo como desviación de poder.»

Fragmento 2 de 8 de esta intervención.