«Señorías, esto es una aberración democrática. Es convertir una autoridad de supervisión en una oficina de confianza subordinada. Vamos, es como si Sánchez nombra a Bolaños para controlar su propia actuación. Es una burla política, máxime cuando ha sido la presunta filtración de datos de carácter personal de un particular lo que ha llevado al fiscal general del Estado al banquillo. Esta reforma, por tanto, vulnera el artículo 18 de la Constitución, que protege el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales. Es contraria al derecho europeo: contradice el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que exige que toda autoridad de control sea independiente, imparcial y libre de instrucciones externas. Por eso, esta proposición de ley que defendemos busca revertir esta modificación. Nuestra propuesta devuelve la independencia que el Gobierno eliminó, propone que el responsable de la unidad sea nombrado por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia en protección de datos, establece un mandato de cinco años, no renovables, es decir, garantiza su neutralidad, y fija, como no puede ser de otra manera, un régimen de incompatibilidades y cese objetivo, para evitar cualquier influencia política. En definitiva, reestablece la independencia, la transparencia y la profesionalidad que Europa exige y la Constitución reclama.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.