29N · generales · dom 29 novfaltan 26 días

Enrique Fernando Santiago RomeroSumar

Diputado

«El consejo fue renovado hace un año, tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, del que resultaba un teórico equilibrio entre las distintas sensibilidades existentes en la justicia. Desde septiembre del año pasado se han realizado 161 nombramientos en el nuevo consejo de plazas pendientes de nombrar debido a ese secuestro de la institución que el Partido Popular mantuvo cinco años. Sorprendentemente, la estrategia del Partido Popular consigue que, a julio de 2025, un 68 % de los nombramientos recaigan en jueces conservadores, frente a un reducido 32 % de nombramientos que recaen entre jueces y juezas progresistas. Es una desproporción que llama la atención porque, sobre todo, no responde a la realidad social de este país. Y estos cuestionables métodos, consensos, que no unanimidades, han llegado a su cenit en los plenos de junio de este año 2025, en los que, de los veintiocho nombramientos efectuados, solo cinco han recaído en jueces progresistas. Un escaso 15 % frente a un 85 %. Y se ha dicho que estos desequilibrios se deben a la ausencia de candidaturas progresistas. Sin embargo, desde mayo de 2025, cuando era patente la desproporción en los nombramientos ya efectuados, al menos en veinte ocasiones había alternativas progresistas solventes que podían haber equilibrado la situación, pero que no recibieron más que un voto, continuando los nombramientos de conservadores casi por unanimidad de los vocales del consejo. Y es positivo que el 41 % de los nombramientos hayan recaído en mujeres. Y se ha logrado el incremento de la cifra de magistradas en todos los ámbitos, pero la paridad de sexos en los nombramientos no se ha logrado en cinco de los once ámbitos de la justicia: en las altas responsabilidades, en las presidencias y en las salas del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional. La derecha ha puesto en marcha una estrategia que le ha llevado a reforzar su hegemonía política y de control del Poder Judicial, mientras los denominados progresistas han concurrido a votaciones, divididos hasta con tres posiciones diferenciadas en algunas votaciones. Y, a la vista de estos datos, creemos que estos consensos alcanzados no han sido ni razonables ni equilibrados cuando han servido para reforzar el control del Partido Popular sobre la justicia, a la vista de que los candidatos de los vocales propuestos por el Partido Popular han sido nombrados mayoritariamente. No entendemos las amplias mayorías que consigue la derecha para, por ejemplo, denegar el amparo solicitado por el juez De Prada frente a la campaña de desprestigio de Jiménez Losantos, que solo tuvo un voto a favor; o para denegar el reingreso del magistrado Baltasar Garzón tras un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (aplausos) que condenó a España por inhabilitarlo, que solo contó con tres votos a favor de entre veinte posibles votos; o para denegar, con un solo voto a favor, la incoación del expediente disciplinario al juez que vilipendió en una diligencia la memoria de nuestro querido y recordado Pedro Zerolo en un proceso contra el humorista Quequé.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.

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