«En Cataluña hay más de 720 000 personas con el reconocimiento legal de discapacidad, muchas de ellas con movilidad reducida, que sufren enormes dificultades diarias que no se resuelven únicamente con una multa más alta. A nuestro entender, el principal problema no es el importe de la sanción, es la falta de plazas adaptadas, la falta de coordinación entre Administraciones y, sobre todo, la enorme dificultad de los ayuntamientos para poder controlar y garantizar el cumplimiento de la norma por culpa de la histórica falta de recursos que sufren. Al final, los que tienen que hacer cumplir estas leyes son los municipios: son los ayuntamientos los que señalizan, controlan y sancionan, son los policías locales los que afrontan cada día conductas incívicas y son los gobiernos locales los que a menudo no disponen de los recursos humanos ni materiales para hacerlo de forma eficaz. ¿Tenemos que recordarles que se comprometieron con nosotros, con Junts, para que los ayuntamientos pudieran utilizar los remanentes de tesorería para ello y que el PSOE y SUMAR lo están incumpliendo flagrantemente? En Junts no nos cansaremos de reivindicar a los ayuntamientos como primera línea de servicio público, y nos preocupa que esta ley no venga acompañada de un apoyo leal ni de un reconocimiento de esta realidad municipal.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.