«Por aparcar donde no se puede, no solo hay que multar. Hablamos de derechos y de dignidad. Hablamos de seguridad. Hablamos de cómo entendemos la convivencia y el respeto por el espacio público. Pero eso no se soluciona solo con una multa, porque, cuando alguien ocupa una plaza de personas con movilidad reducida, no solo ocupa un espacio, está quitando a esa persona una oportunidad, está quitándole la posibilidad de que pueda llegar a su lugar de trabajo o al médico o que simplemente pueda hacer su vida con autonomía. Es un gesto de insolidaridad que tiene unas consecuencias reales. La accesibilidad no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que beneficia a toda la sociedad, fomentando la convivencia y la comprensión mutua. No se trata solo de poder acceder físicamente, sino también de poder hacerlo con autonomía y sin depender de la ayuda de los demás. La accesibilidad universal no es un privilegio, sino un derecho reconocido por la ONU y, también, por su sacrosanta Constitución en su artículo 49. Las Administraciones tienen la obligación de asegurar que nadie se quede atrás por una barrera, sea arquitectónica o de civismo. Y no hablamos solo de las personas con discapacidad. Cuando alguien aparca en un carril bici, en un paso de peatones o en un espacio reservado para emergencias, está poniendo en peligro la vida de los demás. Un coche mal aparcado puede obligar a un ciclista a invadir la calzada, y ese no es un problema menor, es una cuestión de seguridad viaria y de convivencia urbana.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.