«Corresponde asimismo enviar un mensaje político muy claro, porque mientras unos se enredan -que si he aparcado, que si he estacionado, pero al final ocupo la plaza de una persona que la necesita-, hay personas que pierden su cita de rehabilitación, que llegan tarde a trabajar o que evitan directamente salir porque no confían en encontrar libre la única plaza accesible que tienen cercana. Y ese es el coste real de mirar hacia otro lado o de infringir la ley en este caso. El caso de Palma no es una anécdota local, es un síntoma de una cultura laxa en el cumplimiento cuando conviene, incluso desde las instituciones que deberían dar ejemplo. Y precisamente por eso urge un estándar claro y exigible. Por último, subrayo algo más. Se cumple con nuestros compromisos. España ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución nos obliga a asegurar autonomía e inclusión. La accesibilidad no es solo un añadido, es la condición para que los derechos se puedan ejercer. Esta proposición lo entiende y lo convierte en política pública concreta. Y también tenemos un siguiente paso: la aprobación de la reforma de la ley de dependencia y discapacidad que el Ministerio de Derechos Sociales ha sacado adelante y ha traído a este Congreso. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.