«Hoy hablamos de inmigración y el Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de gestionar esta realidad. Han bloqueado los cauces legales de entrada a nuestro país, han saturado los servicios de acogida y han debilitado la confianza de los ciudadanos en el sistema. El Gobierno de Sánchez convierte la irregularidad en la vía más rápida y la falta de control en su única política migratoria. No protege nuestras fronteras ni garantiza la seguridad ni facilita la integración. Frente a la dejadez socialista, el Grupo Popular presenta una alternativa clara, firme y humanista. Defendemos una visión liberal y europea de la inmigración basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley. El inmigrante no es una víctima ni un culpable por defecto, es una persona con derechos y con deberes, capaz de prosperar y de contribuir al bien común si se le ofrecen cauces legales y seguros. Por ello, en el Grupo Popular proponemos nuestro plan nacional para una inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa. Un plan con los siguientes puntos. Uno, el empleo como puerta de entrada legal con un visado por puntos en el que se valore la formación, la experiencia y el idioma para acabar con las regularizaciones masivas. Quien trabaja, cotiza y se integra debe tener vías claras y transparentes. Dos, control y seguridad en nuestras fronteras. La frontera sur de Europa no puede ser una tierra sin ley. Tres, tolerancia cero con las mafias que trafican con personas. A quien trafica con la desesperación ajena, a quien explota sexualmente a mujeres y niños tiene que caerle todo el peso de la ley y todo el reproche social, señorías. (Aplausos). Cuatro, fomentar una integración con exigencias, como el aprendizaje del idioma, el conocimiento de la Constitución y respetar los valores de igualdad, libertad y legalidad. Porque integrar no es regalar derechos sin deberes, es garantizar que todos compartamos un mismo marco de convivencia. Cinco, ayudas y arraigo bajo control. El arraigo debe seguir siendo excepcional y acreditado. La solidaridad no puede convertirse en un efecto llamada. Seis, una gestión justa y rigurosa de los menores no acompañados. El Estado debe asumir la financiación, debe garantizar la determinación de la edad en el plazo de 72 horas y promover la reunificación familiar en los países de origen. Siete, expulsiones efectivas y rápidas para quienes cometan delitos graves o reincidan. La residencia en España debe ser exigente con el cumplimiento de la ley; quien la quebranta no puede quedarse, señorías. Ocho, cooperación internacional útil. España debe liderar acuerdos reales de retorno y orientar la cooperación hacia oportunidades en los países de origen. Y nueve, nacionalidad como compromiso con España. La nacionalidad no es un trámite, señorías, es un honor que exige compromiso con nuestra historia, nuestra lengua y nuestros valores. Ser español significa compartir un proyecto de convivencia y de libertad.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.