«Moitas grazas, señora presidenta. Dicía: facer, en definitiva, que este parlamento se pareza máis ao país que representa. Falouse moito ao longo dos últimos anos da necesidade de achegar ás institucións a realidade do país, da necesidade de que, entre o que se di e se fai neste parlamento, simbolice de maneira máis precisa o que ocorre nas nosas rúas. Iso é precisamente o que queremos facer coa reforma do regulamento. A nosa proposta, a dos seis grupos que a propoñen. Decía: hacer, en definitiva, que este Parlamento se parezca más al país que representa. Se ha hablado mucho a lo largo de los últimos años de la necesidad de acercar las instituciones a la realidad del país, de la necesidad de que entre lo que se dice y lo que se hace en este Parlamento simbolice de manera más precisa lo que ocurre en nuestras calles. Eso es, precisamente, lo que queremos hacer en la reforma del Reglamento. Nuestra propuesta, la de los seis grupos, encuentra desarrollado su contenido por el Tribunal Constitucional. Dado que los grupos que se oponen se empeñan en considerar inconstitucional todo aquello que se opone a sus programas electorales, permítanme algunas consideraciones. En primer lugar, es la propia Constitución la que, en su artículo 3, reconoce el especial respeto y protección que merecen nuestras lenguas cooficiales en tanto que patrimonio cultural común -?común- de toda la ciudadanía española. Ya el propio Tribunal Constitucional en el año 1990 declaraba plenamente acorde con la Constitución una iniciativa parlamentaria que pretendía introducir las lenguas cooficiales en el Senado y reconocía que una reforma de este tipo incidía sobre materias de considerable importancia simbólica y afectiva en la estructuración autonómica del Estado. Fue una sentencia que -?me permito añadirlo- se adoptó sin un solo voto particular. En definitiva, el Tribunal Constitucional demostraba ya en el año 1990 mucha más sensibilidad y respeto hacia la diversidad de nuestro país de la que algunos ponen de manifiesto en el año 2023. Señorías, hace más de trece años que el Senado tramitó y aprobó una propuesta de reforma de su Reglamento para pedir el uso oral y escrito de las lenguas cooficiales como lenguas de trabajo parlamentario. Por tanto, nuestra Cámara Alta ha venido demostrando que no pueden oponerse razonablemente motivos ni tecnológicos ni presupuestarios ni constitucionales. Y creo que a estas alturas todos sabemos que el Reglamento del Congreso de los Diputados no contiene ningún artículo que imponga la utilización del castellano ni prohíba el uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos parlamentarios.»

Fragmento 1 de 8 de esta intervención.