«Finalmente, tampoco se ha recogido nuestra propuesta para garantizar el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Castilla-La Mancha no ha implementado un derecho reconocido en el marco legal estatal; aunque la ley establece que es una prestación en el sistema público de salud, la realidad es que es algo imposible. En 2024 se notificaron IVE por parte de dos centros sanitarios privados -cero en la pública-, uno en Albacete y otro en Miguelturra, Ciudad Real. Más del 60 % de las intervenciones se produjeron en otras comunidades autónomas. Es urgente que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha asuma su responsabilidad y que la interrupción del embarazo sea garantizada, se cumpla la ley y se eliminen las barreras que existen actualmente. El Tribunal Constitucional lo ha establecido claramente: derivar a un centro privado debe ser la excepción, no la norma como está ocurriendo ahora. En definitiva, nuestro grupo va a votar a favor y va a seguir trabajando para impulsar que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea una herramienta que garantice el avance de los derechos sociales y los servicios públicos, que son los que garantizan la cohesión social y la justicia para las castellanomanchegas, y que esos derechos y servicios no se vean amenazados por las coyunturas económicas desfavorables y sean objeto de recortes.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.