«La inexistencia de claridad en su ejecución y de criterio común en todos los órganos que integran el Poder Judicial ha abierto un tortuoso camino, un laberinto procesal, lo denominan algunos de los operadores jurídicos, con importantes consecuencias para los ciudadanos y para todos los profesionales de la justicia, porque la colapsa aún más y porque bloquea incluso el acceso a esta. Los colegios de abogados de Madrid y Barcelona, la mayoría de los colegios de procuradores, el Consejo de la Abogacía, jueces y especialistas en derecho de familia, entre otros, vienen reclamando claridad, seguridad con la unificación de criterios y una modificación urgente de la Ley Orgánica 1/2025 para excluir de la necesidad de ese requisito algunos procedimientos y actuaciones procesales. Se han producido, señorías, algunos acuerdos de unificación adoptados por jueces o por letrados de la Administración de Justicia en audiencias provinciales, pero ello no es suficiente y, en todo caso, tampoco resuelven la disparidad con los planteamientos de otros órganos judiciales. Consideran los operadores jurídicos que el número de inadmisiones de demanda empieza a ser preocupante, ello a pesar de esos acuerdos no jurisdiccionales, algunos muy significativos, como en las Audiencias de Ourense, Tenerife o Girona, o de que diferentes autos de las Audiencias Provinciales de Alicante, Asturias, Málaga, Murcia, Huelva o Pamplona intenten dar luz, para reducir la inseguridad jurídica en la aplicación de esta ley. Es un clamor respecto al procedimiento monitorio -reclamaciones de cuotas de gastos comunitarios por las comunidades de propietarios, procedimientos de desahucio-, pero cada vez más también en derecho de familia -divorcios, medidas previas, especialmente en matrimonios con hijos menores, aunque no solo-. Este requisito de procedibilidad está generando importantes dificultades, en contra del declarado objetivo de la ley y de estos instrumentos de acuerdo, precisamente en temas donde la máxima celeridad y evitar las trabas son imprescindibles para no generar más problemas a los ciudadanos, o donde no cabe prescindir de la intervención de los tribunales, con lo cual se duplican los trámites, lo que estaría dejando en papel mojado los avances que en esta materia se habían incorporado paulatinamente a nuestro derecho, como, por ejemplo, la eliminación de acreditación de causa para divorciarse, medidas previas a la presentación de la demanda o indisponibilidad de la responsabilidad parental.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.