«Tal y como ha quedado la ley, susceptible de distintas interpretaciones, este requisito supone una traba para el acceso a la justicia, y ha sido ya considerado por algunas resoluciones judiciales como contrario a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución; con toda claridad, por ejemplo, en el auto de la Audiencia Provincial de Pamplona de 3 de octubre de este año. Creemos que los tics autoritarios del Gobierno no pueden bloquear el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, y quizá por eso un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria debería reflexionar todavía más. Consideramos que la situación actual presenta un riesgo importante de rechazo y retroceso en la confianza en la mediación y otros medios de solución de controversias. Su consolidación depende de que funcionen correctamente y se aprecien las ventajas para la sociedad. Ahora solo se ven inconvenientes.»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.