«Muchas gracias, señor presidente. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, pretendía que en el orden civil se lograsen agilizar los procedimientos reduciendo la litigiosidad de los tribunales. Fue un fracaso rotundo; rotundo porque la justicia ha sido más lenta, la justicia ha sido cada vez más compleja, la litigiosidad va en aumento y la disparidad de criterios está al orden del día. Es más, han pretendido, desde la aprobación de la ley, inventar la pólvora, porque bajo esas siglas de medios alternativos de solución de conflictos no se esconde otra cosa que lo que desde hace decenas y decenas de años han sido los sistemas de conciliación, mediación y arbitraje -por cierto, donde está la clave del error es en la obligatoriedad de considerarlo un requisito de procedibilidad-, es decir, algo así como desconocer que los letrados durante décadas hemos mantenido siempre en los procedimientos judiciales un intento de acuerdo extrajudicial con la parte contraria, y nadie nos obligaba a ello, lo hacía el sentido común, porque con un acuerdo previo de los tribunales ganabas tiempo y en muchos casos ganabas dinero. Pero la realidad es que todo lo quieren imponer y, al final, lo que han impuesto ha sido un error, justo lo contrario de lo que pretendía la ley.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.