«La PNL que nos presenta el Grupo Popular busca unificar criterios de los órganos judiciales, algo muy loable y necesario. Quiere ampliar excepciones, que son también muy sensatas, como que no se apliquen obligatoriamente estos medios de resolución previa de conflictos cuando estamos reclamando deudas en procedimientos monitorios, cuando estamos reclamando deudas en procedimientos de comunidades de vecinos o cuando lo hacemos, por ejemplo, en la inquiokupación, en los desahucios de inquilinos. También pretende, lógicamente, crear un estatuto de persona neutral; establecer un protocolo para los órganos judiciales; garantizar la formación necesaria de los operadores jurídicos; poner en marcha las correspondientes campañas de difusión y realizar un seguimiento de los resultados. Todo ello parece muy loable, y lo es, pero no deja de ser un parche al fondo de la cuestión. (Aplausos). Y eso es lo que nos ocupa siempre cuando hablamos de la justicia. Porque, cuando hablamos de la justicia, algunos hemos repetido desde hace muchos años, en esta misma tribuna, que el gran problema son el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, que en cuatro cuestiones han puesto la pica a que la justicia funcione. En primer lugar, con su permanente obsesión de injerencia en la política en cuanto al Poder Judicial -hasta en el lenguaje lo van cambiando- repitiendo hasta la saciedad que la Administración de Justicia es un servicio público. Ciertamente hay una Administración de justicia y ciertamente es un servicio público, pero lo van descafeinando de tal manera que parezca que no es más que una pata de la Administración General del Estado, o sea, dependiente del Ejecutivo, y no lo es, o no debería serlo. Debería ser un Poder Judicial independiente y con capacidad de actuación al margen del Ejecutivo. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.