«Hace décadas que el Estado español funciona con un modelo -ya lo hemos dicho muchas veces- centralizado, oligopolístico y, evidentemente, profundamente ineficiente, donde unas pocas grandes empresas, muy pocas, deciden dónde se genera la energía, cómo se transporta dicha energía y quién saca el beneficio. Y mientras todo esto ocurre, los territorios productores, como, por ejemplo -doy algunos-, las Tierras del Ebro o Navarra, soportan el impacto medioambiental y social de las infraestructuras. Pero -atención- no solo soportan estas infraestructuras y su consecuente impacto, sino que no participan del valor añadido ni tampoco de las decisiones estratégicas. Nosotros lo tenemos claro: no queremos más potencia para mantener un viejo sistema, no la queremos; lo que queremos es más soberanía para transformar este sistema. No es tan complicado de entender. La transición energética no puede ser un simple reparto de cables y transformadores. No es esto la transición energética. La transición energética tiene que ser, y aviso que vamos tarde, una transformación democrática y territorial del poder energético, porque la transición energética tiene que ser descentralizada y distribuida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que impulsar la generación distribuida y local y no solo los grandes macroparques, que alimentan redes muy lejanas. Esto quiere decir, por ejemplo, que se tiene que garantizar la participación real de los territorios, y se tiene que hacer con la planificación eléctrica, no en simples consultas formales. Esto quiere decir que se tienen que priorizar las energías renovables con retorno social, con participación de la ciudadanía, con participación de las cooperativas, ayuntamientos y pequeñas y medianas empresas. Y esto quiere decir que se tiene que asegurar que la transición sea justa y que ningún territorio que ha vivido del modelo nuclear o del modelo fósil, como, por ejemplo, en mi casa, el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, queden atrás.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.