«Miren, aquí tengo la vida laboral de una persona que tiene cotizados 48 años, 4 meses y 8 días, y además los últimos cuatro años y medio a doble cotización. Esto refleja al final en su vida laboral que ha figurado en situación de alta en la Seguridad Social un total de 52 años, 9 meses y 22 días. ¿Saben ustedes que esta persona, por jubilarse dos años antes, está penalizada con un 13 % para toda su vida? Pues esto tienen que saberlo. Cuando quieran esa vida laboral, aquí la tengo. Esto para nosotras es una vergüenza y aquí tengo la vida laboral, como he dicho. Pero, además, lo que nos parece más vergonzoso es que el secretario de Estado de la Seguridad Social les dijo a los miembros de Asjubi40 que esto cuesta mucho dinero. Así, sin más. Esa no puede ser la respuesta política a un problema. Estimamos que solucionar esta injusticia puede tener un coste anual de unos 2 500 millones brutos, pero son un colectivo con reivindicaciones en vía de extinción, lo recuerdo. Esta solución tendría beneficios que el Gobierno no está abordando, pero que hay que abordar. De ese importe estimado en bruto, si se le aplica el IRPF, volvería directamente una parte al Estado. Pero, además, los pensionistas no quieren ese dinero para meterlo en un banco. Son mayores y tienen gastos y tienen necesidades. Y esos gastos inyectan también dinero directamente en la economía de su ciudad, de su provincia, generando más IVA y volviendo al Estado. Como he dicho, 2 500 millones de euros se pueden inyectar en la economía social porque generan puestos de trabajo, lo que aumenta el número de cotizaciones, y a su vez pagan IRPF y pagan IVA en sus compras, reduciendo también de esta forma, como digo, el número de parados. Estimamos que de esos 2 500 millones, volverían al Estado en forma de impuestos directos, indirectos y de nuevas cotizaciones un 30 % de ese gasto que tendríamos. Por lo tanto, menos del 1 % del gasto anual en pensiones contributivas.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.