«Señoras diputadas y señores diputados, hay novecientas mil personas afectadas por esto y pido un poco de respeto a estas personas, por favor. (Pausa). Bien, lo decía antes, habíamos incluido en la ley de pensiones una auditoría de la Seguridad Social para que no hubiera excusas. El Gobierno no ha cumplido; el Gobierno no cumple la ley. ¿Por qué? Porque la auditoría demostraría que el sistema es perfectamente sostenible y es injusto con quien ha cotizado más de cuarenta años. El Gobierno sabe que no tiene argumentos, así que, sencillamente, no publica las auditorías que deberían haberse hecho. Esta es la prueba más clara de que el Gobierno no se ajusta a la realidad. Hablamos, como decía, de novecientos mil jubilados penalizados permanentemente y, es importante decirlo, con coeficientes reductores que llegan hasta el 30 % de pérdida. La discriminación es indefendible. Es indecente defender esta situación. Hay una paradoja inadmisible; un funcionario de clases pasivas con treinta y cinco años de servicio recibe el 100 % de la pensión. Uno del régimen general que ha cotizado cuarenta, cuarenta y cinco o cincuenta años tiene penalizaciones permanentes -insisto en lo de permanente-, para toda la vida. ¿Cómo puede ser ético y legítimo eso, que cotizar diez años más comporte recibir una pensión menor? Esto no es sostenibilidad, es una injusticia institucionalizada. Además, la queja de la Asjubi 40 se declaró admisible por parte del Parlamento Europeo por unanimidad, de derecha a izquierda, todos reconocen que esta discriminación es injusta. Pero aquí parece que para algunas cosas que sentencia la Unión Europea, no llegan las cosas. Dicen que es improcedente. No sé qué hay que hacer más para que se cumplan según qué leyes.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.