«Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿saben de qué va esta ley? Esta ley va de esa madre que llama a su compañía eléctrica porque le han cobrado el doble en la factura y la tienen cuarenta minutos con música de espera. Va de ese abuelo que llama a su banco porque tiene un problema y lo que encuentra al otro lado es una máquina que no deja de repetirle marque uno, marque dos, marque tres. Va de aquellas personas con discapacidad que tienen un problema con un servicio prestado y, sin embargo, no pueden resolverlo porque no reciben una respuesta adaptada para que ellas puedan comunicarse adecuadamente. De eso va esta ley: va de dignidad, va de respeto y va de humanidad, porque lo que está en juego no es solo que nos atiendan; lo que está en juego es cómo nos tratan. En Podemos celebramos que salga adelante esta ley de servicios de atención a la clientela y que se ponga por fin límite a los abusos de las grandes corporaciones. Por fin la atención va a ser gratuita, porque ya está bien de tener que pagar, encima, porque nos atiendan y por reclamar nuestros derechos; se ponen tiempos máximos de espera, porque, como todas sabemos, la paciencia no es infinita, y se garantiza que nos atienda una persona, una persona de verdad, y no un robot que está programado para que nos cansemos, colguemos y dejemos de reclamar. Además, se obliga a las empresas a ofrecer una atención accesible no solo a las personas que puedan tener cualquier tipo de diversidad o de discapacidad, sino también a las personas mayores. Todo esto son mejoras que se van a notar, evidentemente, en la vida diaria, y, sí, para nosotras son conquistas porque, cada vez que se regula lo que las grandes corporaciones no quieren que se regule, la ciudadanía gana un poquito, aunque sea un poquito, de poder. Ahora bien, en Podemos lo tenemos claro: hay que velar por que esta ley se cumpla porque, si no, todo el trabajo hecho en esta ponencia no va a servir para nada. Por eso vamos a exigir que la norma tenga sanciones ejemplares, auditorías públicas y, además, recursos suficientes, sobre todo para las comunidades autónomas, que son concretamente las competentes para aplicar la ley y controlar su cumplimiento.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.