«Señora presidenta, señores diputados, damos un paso hoy útil y concreto para las personas, para garantizar la atención a la clientela, con plazos claros, derechos establecidos, derechos reales y obligaciones para las grandes empresas. Sitúa los derechos de los consumidores en el centro, acaba con abusos cotidianos y refuerza derechos que, hasta ahora, dependían demasiadas veces de la buena voluntad de las compañías. Lo primero, y más relevante para nuestro grupo, es el derecho a la atención en catalán y del resto de idiomas cooficiales, por fin reconocido como obligación jurídica y no como concesión de buena voluntad, normalizando lo que tendría que ser normal en un Estado plurilingüe, no desde 2025, sino mucho antes. Pero, vamos dando pasos poco a poco. En Cataluña, país valenciano e Islas Baleares, hay que poder ser atendido en catalán, igual que, en euskera, en Euskadi, en Navarra y, en gallego, en Galicia, cuando lo solicite la clientela y el servicio se dirija a territorios con lengua oficial propia. Eso es inclusión y respeto. Cada uno será atendido en el idioma oficial que pide en su comunidad, sin que haya unos idiomas por encima de los otros.»

Fragmento 6 de 9 de esta intervención.