«La ley aporta mejoras inmediatas, tangibles en la vida cotidiana. El 95 % de las llamadas habrá que atenderlas en menos de tres minutos. Se garantiza poder hablar con una persona, no solo con máquinas, siempre que el cliente lo pida. Se reduce a quince días el plazo máximo para resolver reclamaciones, superando prácticas de dilación e indefensión. En sectores esenciales habrá disponibilidad de atención 24 horas, 365 días, para no dejar ninguna incidencia urgente sin respuesta, y las respuestas sin cortar ningún tipo de servicio, como decía antes. Quiero destacar de manera clara algunas enmiendas de Esquerra Republicana que han mejorado el texto y que forman parte de la ley. Creo que es importante remarcarlo: proporcionalidad para pequeñas comercializadoras con menos del 5 % de cuota, flexibilización de obligación 24/7, pensadas para grandes grupos operadores, porque hemos querido proteger también a las pequeñas compañías para que puedan competir con estos oligopolios energéticos que tienen más del 80 % del mercado. La medida era otra, ¿verdad? No la digo aquí, pero algunos ya saben de qué va; por eso se sonríen. Como mínimo, hemos conseguido esto: definición de persona de edad avanzada como mayor de 65 años, evitando ambigüedades y adaptaciones claras; atención personal humana siempre que lo requiera el cliente para asegurar trato digno y resolutivo; garantizar que no se pueda suspender el servicio mientras haya una reclamación en curso; si es un sistema extrajudicial, también que exista y proteger el derecho efectivo y quejarse sin miedo a represalias, etcétera; limitación también del spam comercial, eso es importante; notificador específico para las llamadas de marketing; obligación del bloqueo por parte de los operadores; nulidad de los contratos; llamadas no consentidas.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.