«Les decía que tengan muy claro que las compañías ya se guardan mucho de atender a sus clientes de la mejor manera posible, y créanme que el que dicta las reglas es el mercado. El mercado dice quién vive y quién sobrevive, quién mima o no mima al consumidor. Porque con esta disparatada ley, con esta amalgama de normas de sesgo ideológico se ha perdido una oportunidad histórica de proteger a los consumidores, y solo -insisto- por su propósito de contentar tanto a separatistas como a comunistas, odiadores de la iniciativa privada, que lo único que va a conseguir es aumentar aún más las dificultades de nuestras empresas para subsistir, sobre todo de las medianas, que son el eje económico de este país. Además, estas, las medianas, son las que disponen de menos capacidad financiera, de menos márgenes de operación y, sobre todo, de menos flexibilidad laboral. ¿Cómo -insisto- han podido ustedes aceptar el artículo 8, aceptar la imposición de los separatistas de hacer obligatorio que haya que atender a los clientes en cualquiera de las lenguas cooficiales existentes si así lo solicitan? ¿Se imaginan ustedes que ahora una empresa de Huelva, de mi provincia, que vende gambas -muchas muchas gambas- a muchas empresas, distribuidores, mayoristas, en Cataluña, en Galicia, vaya a tener que atender en catalán, en vasco o en gallego, dependiendo del cliente que le llame? (El señor Santiago Romero: ¡Seguro, seguro!). ¿Se imaginan ustedes el esfuerzo y el coste que va a suponer para esa empresa cumplir con sus ocurrencias porque ustedes han cedido al chantaje al que les someten todos los días? (Aplausos). Esa empresa a lo que se tiene que dedicar es a vender más y, si puede ser, más barato. ¿De verdad no creen ustedes que las empresas intentan dar el mejor servicio posible? ¿No creen que aquellas empresas que tienen un volumen suficiente y que pueden permitírselo, si los clientes demandan realmente servicios en un idioma -el que sea, aunque sea en arameo-, ya se lo dan?»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.