«Esta ley, en teoría, debería ser una ley para beneficiar a los consumidores. Porque, en el fondo, este gazpacho que han traído ustedes aquí lo único que va a hacer es lo contrario: asfixiar más a las empresas, poniéndoles más piedras en el camino y obligándolas a incrementar sus costes, y, por supuesto, al final, como siempre, van a acabar consiguiendo que las empresas tengan que subir los precios a los clientes, que son a los que ustedes quieren proteger. Ustedes nos siguen queriendo hacer creer una y otra vez que la solución pasa por más leyes, por más normas, por más burocracia. ¿Pero no se dan cuenta de que ese es el origen del problema, que cada nueva ley, cada nueva norma oprime más a los empresarios, oprime más al autónomo, desincentiva la inversión, porque ya no pueden soportar más la carga fiscal y de costes que este Gobierno les impone? (Aplausos). ¿O creen, como ya se ha dicho, que no va a costar nada para muchas empresas que el 95 % de las solicitudes sean atendidas de media en menos de tres minutos? ¿O que deban tener un sistema anual de evaluación de clientela de calidad, que es una imposición nueva? ¿O que incluso en algunos casos ustedes insinúen que se van a atrever a imponer precios de servicios? Eso no pasa ni en los países bananeros. Pero lo más sangrante de esta ley es que ustedes pretenden aplicar estas normas y estos procedimientos a todas las empresas excepto a una, a la que, además, tiene el mayor número de clientes y es la que peor los trata y los atiende: la Administración pública. Y con los millonarios presupuestos con los que cuenta la Administración pública, ustedes no son capaces de exigirle, de exigirse, un servicio mínimamente razonable. Ustedes siguen permitiendo una cita previa con la que, en muchos casos, se trafica y hace imposible la vida de los ciudadanos. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.