Pablo BustinduySumar
Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
«En definitiva, hablamos de establecer unas condiciones favorables para que las personas consumidoras puedan canalizar sus reclamaciones y sus solicitudes en un entorno que refuerce los derechos y las capacidades de la ciudadanía y contribuya a paliar las grandes desigualdades que atraviesan de forma sistémica estructural las relaciones de consumo. Esto nos lleva al segundo eje de esta ley, que recoge una serie de regulaciones para acabar con algunos de los abusos más expandidos por parte de grandes operadores económicos en nuestro país. Lo mencionaba hace un momento, las relaciones de consumo son uno de los ámbitos en los que las lógicas de poder están más marcadas, donde muchos ciudadanos y ciudadanas han podido tener la sensación de encontrarse indefensos frente a grandes agentes económicos o poderosas multinacionales, y en el Ministerio de Consumo queremos acabar con esta lógica: ni hay multinacionales que sean intocables ni los ciudadanos están en una posición de indefensión. Cuando los poderes públicos actúan y cuando la gente denuncia, y de ahí la importancia capital que tienen las organizaciones de consumidores en nuestro país, ese desequilibrio de poder se rompe.»
Fragmento 5 de 9 de esta intervención.