«La primera medida fundamental que se enmarca en este eje es la regulación de las llamadas spam. Todo el mundo conoce la sensación de, a cualquier hora intempestiva, recibir una llamada no deseada para vender servicios que no se necesitan o no se han solicitado. ¿Quién no se ha preguntado, de hecho, cómo habrá obtenido esa empresa su número de teléfono para poder acosarle con ofertas económicas que no son deseadas ni consentidas? No se puede hacer negocio a cualquier precio y con cualquier práctica y, sobre todo, no se puede hacer negocio a costa de los derechos, el bienestar y el derecho a la privacidad y al tiempo de la gente. (Aplausos). Por eso esta ley incluye una regulación para que las compañías telefónicas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas y también para declarar nulos los contratos que deriven de comunicaciones no consentidas. La segunda medida que incluimos está relacionada con los gastos de gestión. Cuando se hace una compra, se tiene que saber cuál es el precio que se paga y qué es lo que se cubre. Comprar una entrada y que a la hora de pasar por caja uno se encuentre que tiene que pagar más de lo que había pensado, más de lo que se le había comunicado, es algo inadmisible. Y somos conscientes de que los gastos de gestión producen mucha frustración en la ciudadanía. ¿Gestión de qué? Por eso esta ley va a hacer que el precio final deba reflejar la totalidad, incluidos los gastos de gestión u otras cuestiones que puedan repercutir en el consumidor o usuario, desde el principio de un proceso de compra o contratación.»

Fragmento 6 de 9 de esta intervención.