«Ese derecho a la movilidad sostenible es el que ustedes defienden, pero esta ley lo que hace es legalizar y blanquear precisamente su limitación, porque blanquea las zonas de bajas emisiones, que son una limitación a la libertad de moverse y todos los tribunales superiores de justicia las han tumbado. Estas zonas de bajas emisiones son un fraude porque no hay ni un solo estudio que avale que mejoran la calidad del aire; lo que sí hay son estudios serios que concluyen que son un golpe al comercio local, una amenaza para el empleo y un obstáculo para el acceso a servicios esenciales, discriminando entre vecinos según el coche que tengan o el distrito postal en el que vivan. ¿Y saben qué? No lo decimos solo en VOX; lo ha dicho el propio Grupo Socialista, que dice (lee un documento): El PSOE pide suspender la zona de bajas emisiones en Granada por el impacto negativo sobre el comercio de la capital. (Aplausos). ¿Qué hacen ustedes defendiendo las zonas de bajas emisiones? ¡Si sus propios vecinos de Granada quieren erradicarlas! Además, así lo han dicho los propios tribunales de justicia, que señalan que son discriminatorias, restrictivas, arbitrarias, que son fronteras internas, peajes para pobres y privilegios para quien puede comprarse un coche de 30 000 euros o pagar una tasa. Lo suyo no es ecologismo ni política verde, lo suyo es solo para los ricos y restricciones para pobres, para los más humildes. Es una ley que pretende electrificarlo todo, electrificar todo el parque móvil, y cuando un coche eléctrico cuesta más de 30 000 euros y las ayudas no llegan, el Plan MOVES es un fracaso y la red de recarga es insuficiente. Por eso vamos a apoyar una de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, que dice que hay que agilizar la distribución de red de recarga para que alguien que viva en Teruel también pueda cargar su coche, y no solo puedan recargar los que viven en Madrid y en Barcelona.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.