«Negar esta violencia es una irresponsabilidad, y, sobre todo, es una temeridad. No podemos proteger la seguridad de las mujeres solo con discursos vacíos. La seguridad real pasa por derechos concretos. La seguridad no es solo un asunto policial. Es un derecho fundamental, que debe garantizarse con la justicia social, la igualdad y la eliminación de todas las formas de precariedad que provocan la vulnerabilidad de las mujeres. No podemos hablar de seguridad sin hablar de derechos laborales y sociales. Las mujeres que enfrentan jornadas interminables, bajos salarios o condiciones precarias tienen menos acceso a servicios esenciales y a menudo se ven forzadas a transitar espacios inseguros. Por eso garantizar empleos dignos para todos y todas es también una medida de seguridad. (Aplausos). Por tanto, la seguridad de las mujeres no se logra con patrullas aisladas, sino con políticas integrales, que combinen derecho, justicia social y equidad económica. Es nuestro deber garantizar que ninguna mujer sienta miedo al salir a la calle, que todas podamos desarrollar nuestra vida con dignidad y que la sociedad, en su conjunto, se beneficie de un entorno seguro y justo. ¿O acaso ustedes nunca han vuelto a casa con las llaves en la mano y mirando hacia atrás? Hoy, más que nunca, debemos comprometer nuestras leyes y nuestra acción política a proteger a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, porque la seguridad de una mujer es, en última instancia, la seguridad de todos y todas.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.