«Hoy convalidamos un real decreto ley que supone una reforma estructural del sistema de dependencia. Ha hablado de los tres ejes. Se crea un grado nuevo, un III+, de dependencia extrema, pero no queda claro quiénes podrán beneficiarse de este grado III+ de dependencia; hay dudas sobre cuándo se reconoce este grado; tampoco queda claro el modelo de informe médico para pasar de un grado de dependencia a otro, cuando desde Sanidad se han de elaborar unas guías o manuales que no están aún, señora ministra; o qué se entiende por ELA avanzada. Estas son algunas de las preocupaciones compartidas desde todas las comunidades autónomas, independientemente del color político, con relación a un despliegue lo más igualitario posible de la norma en todos los territorios, para evitar desigualdades injustificables. Pero, además, el Gobierno excluye a los enfermos de ELA que se encuentran en un grado de dependencia I o II, no contempla ayudas que puedan ir destinadas a adaptar una vivienda o simplemente a adquirir productos de apoyo, como puede ser una silla de ruedas. Esto también es una carga para las familias. Este real decreto no puede, por sí solo, resolver el problema que realmente angustia a todas las familias con ELA avanzada: que haya alguien legalmente capacitado disponible en el domicilio para aspirar secreciones y manejar dispositivos complejos de forma continuada, sin exigir una enfermera 24 horas ni expulsar al paciente de su casa. Una preocupación para los enfermos y para los cuidadores, que en muchas ocasiones son las propias familias. Señor Cofiño, traigo aquí la voluntad, la generosidad y la forma de obrar de la hija de Capi, todo un ejemplo de cómo se implica la familia. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.