«Para mejorar hay que evaluar, esto lo tenemos claro bastantes de los que estamos aquí y se nota que en esas evaluaciones se ha ido avanzando en España -lo iré detallando-, pero aún queda. Si leemos el informe del Ministerio de Sanidad de 2023, con los datos aportados de las comunidades autónomas -aquí sí damos datos, ¿eh?- y se analizan los criterios de calidad, vemos la necesidad de mejorar en algunas comunidades autónomas, pero no estamos tan mal. Analizando estos criterios y las etapas definidas por las comunidades autónomas, tales como cómo se toma esa muestra, cómo se transporta, la recepción, el tiempo hasta que llega el resultado, la emisión del laboratorio hacia las unidades clínicas de referencia o la evaluación del programa, vemos que todavía podemos mejorar, y bastante. Por ejemplo, el tiempo de la toma de muestra se situaba en el año 2023 en un rango aceptable óptimo en quince de las diecinueve comunidades autónomas. Sin embargo, por ejemplo, el tiempo de transporte de la muestra se mantuvo siendo aceptable óptimo solo en nueve de las diecinueve comunidades autónomas. Tenemos margen de mejora. Encontramos buenos datos, por ejemplo, en los tiempos de detección e instauración de tratamientos y de seguimiento -que es importantísimo- lo que demuestra que cuando queremos somos capaces de hacerlo. Y es que, encima, tenemos herramientas para hacerlo. Como se ha dicho aquí, hay un real decreto de cartera de servicios. Pero ¿cómo se cambia ese real decreto de cartera de servicios? Es un proceso continuo, que se realiza de acuerdo con el procedimiento definido con las comunidades autónomas. Tenemos una red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que evalúan si, por ejemplo, esa prueba de cribado que se hace en muchas comunidades autónomas es pertinente meterla en la cartera. Esta se lleva a la Ponencia de cribados poblacionales, formada por las comunidades autónomas y la Comisión de Salud Pública, donde participa el Ministerio, luego se habla en la comisión de prestaciones y, al final, llega al consejo interterritorial, donde se da el OK para meter esa prueba dentro de la cartera de servicios. Tenemos herramientas, usémoslas. Este procedimiento garantiza que todos los programas de cribado que forman parte de la cartera común cuenten con evidencia, estándares de calidad y consenso con las comunidades autónomas.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.