«Pero esta desigualdad terrible generada por la descentralización de la sanidad pública no solo perjudica al cribado neonatal, también ocasiona retrasos críticos en la dispensación de medicamentos huérfanos y de terapias innovadoras; dificulta que los pacientes de una comunidad accedan rápidamente a los centros, servicios y unidades de referencia de otras comunidades, incluso si son los únicos que pueden tratar su patología; condiciona el acceso a las últimas innovaciones en tratamientos oncológicos al código postal del paciente, y provoca que las listas de espera para operaciones o para una primera consulta con un especialista varíen de semanas a meses en función del lugar de residencia. Por supuesto, ya ni hablamos de los recursos que perdemos por mantener diecisiete estructuras burocráticas con sus consejerías, direcciones generales y demás organismos que duplican funciones. Ni de lo que ahorraríamos con una única autoridad compradora estatal en lugar de diecisiete, que podrían negociar precios mucho más bajos para medicamentos, material sanitario de uso común y equipos de alta tecnología. Pero de lo que sí vamos a hablar es de la forma de actuar que tiene este Gobierno socialista. ¿Ustedes han presentado esa propuesta porque verdaderamente quieren corregir esta injusticia, o solo están tratando de capitalizar el trabajo de las asociaciones, que llevan años luchando por acabar con este despropósito, y colgarse una medalla que no se merecen? Teniendo en cuenta que no tenemos presupuestos y que no vamos a tenerlos en esta legislatura, más parece lo segundo que lo primero. Y después de haber escuchado a la portavoz del Partido Socialista, que ha hablado de todo menos del problema que estamos tratando hoy, más seguro lo tenemos. (Aplausos). Porque si lo que pretenden con esta ley es atender a la justa reivindicación de las asociaciones, es decir, un cribado universal, equitativo y constante, van a hacer falta muchísimos recursos: recursos tecnológicos y de infraestructura, equipos especiales, laboratorios, software, recursos humanos especializados, formación. ¿De dónde los van a sacar sin presupuestos? ¿Qué van a hacer las comunidades autónomas que no tienen recursos pero que sí van a tener la obligación de implantar esta ley? Todos sabemos que la falta de nuevos presupuestos generales del Estado complica bastante que el Ministerio de Sanidad pueda transferir fondos finalistas para cubrir la inversión inicial de estas nuevas obligaciones en las regiones más necesitadas. Por tanto, aunque la ley se apruebe, las regiones con menos recursos no podrán implementarla, tal y como ha ocurrido con la ley ELA. Se convertirá en un mero mandato incumplido hasta que no se resuelva la financiación.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.