«El Grupo Popular plantea mantener los centros de desplazados y que el Estado asuma los costes. Lo compartimos, pero eso no resuelve el problema de fondo, no transforma el modelo. Con el sistema actual, de aquí a dos años estaremos exactamente igual porque lo que falla no es una conexión, sino un monopolio centralista, que impide gestionar el servicio con eficacia y proximidad. La solución es que las Administraciones autonómicas y, en nuestro caso, el Servicio Catalán de Tráfico, gestionen estos exámenes de conducir. Los ayuntamientos junto con las federaciones de autoescuelas y el mundo local saben lo que hay que hacer, cuántos examinadores hacen falta y cómo son estos colapsos. En otros países ya funciona así; en cambio, aquí estamos atrapados en un modelo que ni funciona ni deja funcionar. Una persona de Pagè, del Bajo Ebro, de la Terra Alta, de la Empordaà o de Moianès tiene que hacer 150 kilómetros para examinarse; eso es desigualdad. Cuando un joven tiene que esperar seis meses por falta de examinadores, es desigualdad.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.