«La medida de la DGT de llevar los exámenes a los municipios rurales es estratégica, es positiva, y es, sobre todo, justicia territorial. Es una herramienta concreta contra la despoblación; es facilitar que un joven de un pueblo no tenga que gastarse 100 euros en ir a la capital para hacer un trámite que es esencial para encontrar trabajo; es acercar la Administración al ciudadano. Punto. Ahora, el PP se queja del coste. Hablan de 10 000, 15 000 o 20 000 euros. De repente, que un ayuntamiento invierta en un escáner o un lector de DNI también les parece una tragedia. Es inversión, es modernizar el ayuntamiento para hoy y para mañana y es beneficio. Ese rédito de dar un servicio directo a la gente se lo lleva el pueblo, se lo llevan los vecinos. Palabra de alcalde. Y no me lo invento yo; escuchemos a sus alcaldes, como al del Partido Popular de Huércal-Overa, que dijo -y cito textualmente, abro comillas-: 'La prioridad es facilitar la vida de nuestros vecinos' -cierro comillas-. Asumió la inversión, a pesar de su coste, para evitarles el desplazamiento, y destacó que cerca de mil personas que van a examinarse dinamizan el comercio local. Es gobernar para la ciudadanía, a diferencia de lo que ustedes hacen aquí, en este hemiciclo. Entonces, uno se pregunta cómo es que para esto les parece caro 15 000 euros, pero no dudan en reformar una plaza de toros en la misma Huércal por 1,6 millones de euros de dinero público y subvenciones XL de la Diputación de Almería. (Aplausos). Y si hablamos de Tomelloso, otro ejemplo de manual. Allí les cuesta desembolsar 20 000 euros facilitar la vida de sus 36 000 vecinos, pero no reparan en gastos cuando se trata de la feria; 300 000 euros. ¡Ahí es na! ¡Olé! Son 300 000 euros para unos días de fiesta, frente a invertir 20 000 euros en un servicio público esencial que da movilidad y futuro.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.