«El texto, señorías, es técnicamente riguroso. Por un lado, establece con claridad los delitos extraditables e introduce umbrales de penas razonables. Por otro, garantiza derechos fundamentales mediante el principio de especialidad y prohíbe la extradición por motivos políticos o discriminatorios. No se trata, por lo tanto, solo de entregar o recibir a un prófugo. Se trata de garantizar que nadie pueda encontrar un refugio seguro fuera del alcance de la justicia y de hacerlo respetando el Estado de derecho en su esencia y pureza. Creo que es acertado traer aquí las palabras de Robert Kennedy, quien afirmó: la ley no es solo un conjunto de reglamentos, es la expresión organizada de la justicia de un pueblo. Este tratado es exactamente eso, la expresión organizada de nuestra voluntad de hacer justicia, también más allá de nuestras fronteras. Señorías, España no puede ser un orificio negro para criminales internacionales ni puede permitir que los nuestros se escondan en otros territorios. Este acuerdo cierra espacios de impunidad y fortalece la protección de nuestros ciudadanos, además de adquirir credibilidad como país, a diferencia de la imagen deplorable que se ha dado internacionalmente con la condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la que estamos dando hoy en los juzgados con la declaración del exministro Ábalos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). El Partido Popular siempre defenderá una política exterior firme, respetada y coherente, que sitúe a España en el lugar que le corresponde por derecho propio. Señorías, anunciamos nuestro voto favorable, porque este no es un tratado de parte, sino que es un tratado de país. Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.