«La Constitución de 1978 afirma un principio plurilingüístico que parte de la obstinada realidad: el 40 % de la población del Estado español, más de 19 millones de personas, vive en territorios con lenguas oficiales distintas del castellano, del español. Al mismo tiempo, sin embargo, esta Constitución consagra la supremacía del castellano, que es oficial en todo el Estado, y el conocimiento de esta lengua se impone en todos lados. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias ha señalado varias veces que los hablantes de catalán, euskera y gallego no son tratados como los hablantes del castellano, a pesar de que estas lenguas también son oficiales. A raíz de ello, y en el día a día, se generan muchas situaciones de discriminación inaceptables en un sistema democrático. Esta pésima e ínfima protección del catalán, el euskera y el gallego se demuestra, por ejemplo, con la ausencia de una normativa estatal que garantice que todas las personas pueden relacionarse con validez y eficacia jurídica con los órganos de la Administración central y las instituciones comunes en la lengua que deseen, salvo el Congreso de los Diputados y la decisión plurilingüe del BOE, el Boletín Oficial del Estado, del DNI o del carné de conducir. Señorías, la debilidad del plurilingüismo en España es escandalosa, sobre todo si se compara con Estados como Bélgica, Canadá o Suiza.»

Fragmento 5 de 11 de esta intervención.