«Esta proposición plantea la reforma de hasta quince normas estatales, algo que pretende eliminar los desajustes provocados por la asimetría del modelo lingüístico español y por la escasa presencia y promoción de la diversidad lingüística en el ámbito estatal. Así, por ejemplo, planteamos introducir en el ámbito judicial el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a una plaza o la validez plena de los documentos judiciales sin traducción. Proponemos adaptar de forma integral los procedimientos administrativos y las plataformas digitales a todas las lenguas. Incorporamos criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y en ámbitos sectoriales clave, como el consumo, la seguridad pública, el transporte o la comunicación audiovisual, sin olvidar, claro está, el ámbito educativo, donde se establece que la lengua propia de cada territorio será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine todas las lenguas oficiales al finalizar la educación básica. Son medidas dirigidas a reforzar la igualdad de oportunidades y una competencia lingüística equilibrada en todo el Estado. Joan Ridao, jurista de prestigio y antiguo portavoz de mi grupo en esta Cámara, ha preparado un texto de enfoque quirúrgico y detallado que se ha enriquecido con las aportaciones de nuestros colegas vascos, gallegos, valencianos, mallorquines, etcétera. La ciudadanía debe disfrutar de unos derechos lingüísticos efectivos, no solamente declarativos.»

Fragmento 7 de 11 de esta intervención.