«Y yo me pregunto: ¿Qué clase de lengua oficial es aquella que sus hablantes no pueden hacer valer en los tribunales, en las Administraciones o en el sistema educativo? Esta proposición de ley, en efecto, puede ayudar a corregir lo que es una anomalía histórica y completar la transición lingüística que nunca ha terminado de llevar a cabo el Estado español. El artículo 3 de la Constitución dice algo más, dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Hoy en esta Cámara ya hemos escuchado a algunos, pero vamos a escuchar a más diputados tardofranquistas arremeter contra el euskera, el catalán o el galego, creyendo que defienden España, cuando hacen justamente lo contrario, atentar contra el patrimonio cultural de un país que siempre fue plurinacional. Y, frente a esa ola reaccionaria, no podemos permitirnos ni un paso atrás. Al contrario, a nuestro juicio, a juicio de Podemos, esta proposición debería considerar también que el currículum educativo incluya el estudio de una segunda lengua de nuestro Estado en los centros educativos, también en aquellos donde el castellano es la única lengua oficial, y debe cumplirse también de una vez la cuota asignada en Televisión Española y Radio Nacional para contenidos subtitulados en todas las lenguas oficiales del Estado, y, además, todas las bibliotecas públicas deberían promover el acceso a las obras más importantes en todas las lenguas en su idioma original, en catalán, en euskera o en galego. Hasta que eso no sea una realidad, el Estado español está muy lejos de ser el Estado que prometieron a la muerte del dictador. Cincuenta años después, ni social ni de derecho ni plurilingüe. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.