«Esta proposición de ley no es una concesión ni tampoco un privilegio. No lo es. Es el desarrollo de un mandato constitucional y europeo. La Constitución reconoce el plurilingüismo como riqueza y obliga a los poderes públicos a proteger y promover las lenguas oficiales, obligación que vulneran de forma continua, igual que la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Los informes internacionales son clarísimos y señalan los incumplimientos sistemáticos por parte de España en la defensa, promoción y también en la garantía del uso de estas lenguas. No es digno de un Estado que quiere ser plural y democrático esta situación. Poder hablar una lengua no es solo una cuestión administrativa, es un derecho humano, un derecho que protegimos los que lloramos, gritamos en nuestras lenguas propias. Esta proposición busca la normalidad, que podamos utilizar nuestras lenguas con normalidad, muy especialmente cuando hablamos con la Administración y con los diferentes poderes públicos. Queremos garantizar que todos los ciudadanos podamos expresarnos en nuestra lengua oficial propia y materna en muchos casos, una lengua cargada de vínculos emocionales y también de cultura. No pedimos nada extraordinario, exigimos el cumplimiento de la ley, pedimos lo que es justo, constitucionalmente y europeo. Son millones de personas que exigimos nuestros derechos humanos y lingüísticos. Para no caer en los clásicos les diría que ojalá algún día puedan leer a Irene Solà o Marta Rojals en su lengua original. Ustedes de verdad disfrutarían, o así lo espero. ¡Larga vida al catalán, al aranés y a todas las lenguas oficiales o no oficiales que se hablan en todo el Estado! Gracias. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.