«Señorías, la XV Legislatura empezó dejando claro por dónde iba a caminar. El primer día ya estábamos reformando el Reglamento para instaurar la babel lingüística en el Congreso: una reforma exprés cuyo objetivo real no era fomentar el pluralismo ni mejorar la comprensión -faltaría más-, sino marcar territorio político. La prioridad no era, como siempre, legislar mejor, ni siquiera legislar, sino presentar un escaparate lingüístico destinado a satisfacer a los socios, exactamente lo que acabamos de vivir hace unos minutos. Y mientras nos enredamos en traducciones simultáneas y discursos que no sabemos ni en qué lengua empiezan ni tampoco en cuál van a terminar -acabamos de verlo también ahora mismo-, se ejecutaba la segunda parte del plan: la agenda independentista, que tiene por instrumento preferente la utilización de las lenguas. Mientras las sentencias del Tribunal Constitucional han dejado claro que no puede haber primacía lingüística entre el español y las lenguas cooficiales, aquí, la mayoría parlamentaria se apresura a avanzar en la idea de que en los territorios con lengua cooficial el español debe ser la lengua secundaria, aunque la Constitución diga exactamente lo contrario. El artículo 3 de la Constitución establece con claridad que el español es la lengua oficial del Estado y que las demás lenguas son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. (Aplausos). Pretender trasladar esa cooficialidad al conjunto de la Administración General del Estado, al ámbito de la justicia, del consumo o del deporte supone desbordar el marco constitucional y alterar el deseado equilibrio lingüístico que ustedes pisotean una y otra vez.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.