«Buenas tardes. El otro día, en unos encuentros con unos guajes de un instituto en Asturias tratábamos de resumir un poco a qué nos teníamos que dedicar como diputados, y dos buenas frases que nos salían eran que nuestro trabajo es tratar de hacer políticas y leyes que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas y que esas políticas y leyes no pueden dejar a nadie atrás. No podemos dejar a nadie atrás, independientemente de cuál sea su edad, su diversidad sexual y de género, su lugar de residencia, la raza, el país de origen, su religión, sus creencias políticas, su clase social, su nivel económico, su nivel educativo, si pertenecen o no pertenecen a una minoría étnica, si son personas afectadas por una enfermedad o si tienen discapacidad. Creo que es un buen lema el de que no podemos dejar a nadie atrás, incluso es un buen lema para recordar esta intervención legislativa de la que hoy se habla. Recordemos algo básico. Los riesgos de la inteligencia artificial, concretamente los riesgos para personas con discapacidad, están documentados. Hay ejemplos de investigaciones recientes que detectan patrones discriminatorios en herramientas comerciales aplicadas a personas con discapacidad. Según organismos europeos, más del 40 % de las personas con discapacidad encuentra barreras en servicios digitales esenciales, lo que aumenta la exclusión que tienen en el territorio offline llevado al online. La OCDE ha señalado, además, que la ausencia de accesibilidad en herramientas educativas basadas en inteligencia artificial puede ampliar la brecha digital para el alumnado con necesidades especiales. Asimismo, hay diferentes estudios laborales que señalan también discriminación y penalización a personas con discapacidad cuando los procesos de selección utilizan herramientas de inteligencia artificial. (Rumores).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.