«Gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno prosigue en su acoso a la justicia. La condena al fiscal general trae causa en el hecho de que Sánchez haya convertido a la Fiscalía en un instrumento a su servicio. Y, desde luego, nada hace suponer que la nueva Fiscal General del Estado vaya a tratar de corregir este hecho, como es un hecho también el control político del Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial y sobre el Tribunal Constitucional, control favorecido por el Partido Popular, que pactó con Sánchez en su momento la renovación de dichos órganos. Y ese control político, además, es especialmente grosero en lo que concierne al Tribunal Constitucional, un tribunal que, sin ser un tribunal de casación, anuló la condena dictada por el Tribunal Supremo contra los señores Chaves y Griñán con ocasión del caso de los ERE de Andalucía y al que ahora ya Sánchez ha puesto sobre aviso para hacer lo mismo con la condena correspondiente al señor García Ortiz. Pero no solamente esto, sino que, además, este Tribunal Constitucional ha venido sistemáticamente avalando todas las más radicales y extremistas leyes del sanchismo: eutanasia, aborto, educación, amnistía... Y no solamente las ha avalado, sino que, en determinados casos, ha tratado de blindar la imposibilidad de que esas sentencias puedan ser revisadas en el futuro. (Aplausos). Este intento de control político de la justicia se manifiesta igualmente en el proceso de reformas legislativas que el Gobierno trata de impulsar, fundamentalmente a través del proyecto de ley de ampliación y funcionamiento de la carrera judicial y fiscal y del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Mediante el primero, el Gobierno pretende facilitar el acceso a ambas carreras a personas afines en detrimento de aquellas que han accedido a ellas por la vía de oposición. En cuanto al segundo, el Gobierno pretende conceder la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, de modo que de ellas dependerán las correspondientes unidades investigadoras de policía judicial -es decir, la UCO- y, al mismo tiempo, limitar la presencia de la acción popular en dicho proceso penal. En definitiva, todo este intento de control manifiesto de la justicia por parte del Gobierno no tiende sino a pretender reforzar el poder omnímodo de Sánchez, que desde hace años viene acreditando que se siente por encima de la ley e impune ante ella, y, como consecuencia de esta realidad, los múltiples casos de corrupción familiar, política y gubernamental que afectan a Sánchez. Así que, señorías, conviene situar esto también en el contexto debido, porque esa corrupción que hoy afecta a Sánchez lo es desde el origen mismo, porque Sánchez no tuvo ningún inconveniente en pactar con los peores enemigos de la nación para ser presidente; para continuar siéndolo, en indultar y amnistiar a políticos separatistas que se habían alzado en Cataluña contra la unidad nacional y contra la Constitución, y, hoy, continúa, día a día, atendiendo las demandas de comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA no porque -como algunos erróneamente digan- sea víctima del chantaje de estos, sino, exactamente, porque con ellos comparte el mismo proceso que estos asumen de desmembración de la unidad nacional y de liquidación del modelo constitucional vigente. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.