«Vamos al tema de más actualidad. Estos días hemos vivido un aquelarre emocional por la condena del fiscal general. Los que no hace tanto decían 'Traeré a Puigdemont para que rinda cuentas ante la justicia' e hicieron todo lo posible por conseguirlo, son los que ahora hablan de lawfare y de golpe de Estado y hablan del señor Ortiz como de un represaliado político. Incluso los fiscales progresistas han pedido que intervengan las Naciones Unidas por graves anomalías en el proceso. Pero es curioso, porque en el resto de juicios a los independentistas, en los que la Fiscalía acusaba a centenares de personas de delitos inexistentes de rebelión, malversación, terrorismo, desórdenes, en ninguno de esos juicios esos mismos fiscales que ahora van a llorar ante las Naciones Unidas vieron o detectaron ninguna anomalía. Es muy curioso. Como decía el otro día en la comparecencia de la señora Peramato, desde el PSOE se ha atribuido la represión del independentismo al Gobierno del PP, pero desde 2018 el Estado español ha actuado de forma más sofisticada y sistemática contra el independentismo. En especial referencia a la Fiscalía, en lugar de un órgano independiente e imparcial, hemos tenido un actor que hace política judicial a las órdenes del Gobierno, que impulsa las causas o las recupera en función de los intereses políticos del momento para rebajar o anular al adversario político y, más allá de la sentencia de ayer, en la que no entro porque el diputado Legarda ha entrado en ella con acierto, la Fiscalía promueve relatos mediáticos coordinados con medios afines y despliega una actividad de comunicación intensa y sistemática, una actividad impropia de sus funciones, por cierto, y un uso intencionado de la información reservada, que incluye desde notas informativas hasta filtraciones informales. Sabemos de lo que hablamos porque lo hemos sufrido.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.