«La tercera de las cuestiones que trae este real decreto ley es la prórroga de ayudas del Ministerio de Transición Ecológica. Son ayudas, subvenciones, que el Gobierno de España, a través de este ministerio, había concedido tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo insular de la isla de La Palma. Había un plazo comprometido. Tenían que justificarse antes de acabar el año 2024, a 31 de diciembre del 24, con posibilidad de un año de prórroga, y lo que hacemos es volver a prorrogarlo hasta marzo de 2026, porque, de no hacerlo, las Administraciones canarias estarían obligadas a devolver partidas no ejecutadas. Es decir, lo que hacemos es dar solución con estas subvenciones y facilitárselo a las Administraciones canarias. Estamos hablando del vivero en Puntallana, del edificio de PLOCAN en Tazacorte o incluso del Hotel Escuela Monterrey, en el municipio de El Paso. Además, respondemos a una petición necesaria que hacían las Administraciones canarias. Por último, la cuarta cuestión es el uso del superávit del año 2024 por cuantía de 100 millones de euros. Fundamentalmente, y esto lo dice el real decreto ley en su apartado II de la exposición de motivos -abro comillas- 'para financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente destinados a los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas' -cierro comillas-. Es decir, esto se hace para paliar los daños del sector más afectado. En estos momentos, todos los que han perdido su primera vivienda han recibido el cien por cien de las ayudas, y no lo dice el Gobierno de España, está en el acta de la comisión mixta celebrada recientemente con todas las Administraciones canarias y el Gobierno de España en esa misma mesa, pero hay un sector que precisa una actuación principal, y es el sector primario. Este es el motivo principal -por eso está en la exposición de motivos- por el que se aprueban esos 100 millones de euros, que son, como digo, para ayudar básicamente al sector primario. Se permite así por el Ministerio de Hacienda una actuación específica y única al Gobierno de Canarias: el uso del superávit para una actuación -quiero dejarlo bien claro- que no es una inversión financieramente sostenible, no cabe como IFS la ayuda al sector primario. Dicho de otro modo, no se podrían destinar estos 100 millones al sector primario si solo hubiésemos traído hoy el decreto que luego traeremos a convalidar de las IFS. De ahí lo relevante y lo importante que esté en este decreto específico y destinado exclusivamente para los afectados de la isla de La Palma.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.