«La convalidación de este real decreto ley supone que la Administración central, pero también las comunidades autónomas y las entidades locales, actualicen el salario de sus empleados públicos de la siguiente manera: subiendo el 2,5 % con respecto a las nóminas vigentes a 31 de diciembre de 2024, es decir, un 2,5 % en las nóminas del año 2025, y todo eso teniendo en cuenta la subida posterior que hicimos el año pasado de un 0,5 % adicional; y subiendo para el año que viene, 2026, un 1,5 % fijo con respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, es decir, acumulado, y en este último caso se complementará con un 0,5 % adicional extra si la variación del IPC en 2026 es igual o superior a dicho 1,5 %. Señorías, por tanto, estamos hablando de que en enero todas las nóminas de los empleados públicos de todas las Administraciones se incrementen un 4 %. Pero esta medida va mucho más allá del reconocimiento salarial de quienes salvan vidas, de quienes ponen vacunas y de quienes abren escuelas cada día. Esta medida es el primer paquete de un acuerdo marco firmado con los sindicatos mayoritarios del sector público para hacer de nuestra Administración pública un ejemplo europeo y mundial de servicios ciudadanos.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.