«Dicho esto, ¿sabe qué pasa? Que nosotros, más allá de las alabanzas a los servicios públicos y de las alabanzas a las trabajadoras y trabajadores públicos, no compartimos la visión de cómo está estructurada la función pública en este Estado. En su momento ya votamos en contra, y votamos en contra de la ley por los motivos a los que ya se ha aludido. Debemos tener la capacidad de fijar los precios en función de nuestro IPC, que es diferente al del resto del Estado. Debemos tener la capacidad de organizar nuestra función pública de acuerdo con las necesidades de nuestro país, que no son necesariamente las del resto del Estado. En los ámbitos de negociación, efectivamente, se excluyen casos clarísimos, como el del País Vasco con ELA y LAB, y también casos clarísimos como el de Galicia con la CIGA. Pero nosotros también tenemos un universo sindical diferente y no representado en lo que ustedes pactan como diálogo social. Por lo tanto, ya de base, la forma que tienen de entender la función pública está muy lejos de la forma que tenemos nosotros de entenderla. Queremos la libertad para organizar nuestra función pública como creemos que tenemos que hacerlo, entre otras cosas porque cuando la ciudadanía vota tiene que poder votar a un Gobierno que pueda organizar la Administración como le parezca, y eso ahora mismo es imposible.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.