«Hoy debemos decir algo más importante aún, a nuestro parecer, y es que el debate sobre los salarios públicos no puede ser reducido a ese ajuste pendiente según haya o no presupuestos y que la mejora salarial debe ser el pilar estructural de la defensa de los servicios públicos, no una nota a pie de página en tiempos de estabilidad. Los servicios públicos funcionan gracias a plantillas que han soportado recortes, temporalidad, congelaciones salariales y sobrecargas estructurales. En 1983 nos inventamos los moscosos para no actualizar los salarios, dimos días de asuntos propios a la gente. En 1993 los salarios de los funcionarios y las funcionarias fueron congelados. En 1997 el señor Mariano Rajoy volvió a congelar los salarios públicos. En 2010 fueron reducidos. Es decir, las empleadas públicas han respondido siempre y han estado a la altura de las necesidades de nuestro país. Ya es hora de que se les reconozcan todos esos esfuerzos, esas sobrecargas que han padecido y esas pérdidas adquisitivas padecidas desde que entró la democracia en nuestro país, en 1978. Siempre lo han hecho con profesionalidad, también con un enorme coste. Ya lo he dicho, España todavía arrastra déficits crónicos en recursos humanos en sectores esenciales; tenemos centros educativos que sobreviven gracias al sobresfuerzo de los claustros, centros de salud donde la presión asistencial es insostenible y Administraciones con plantillas con medias de edad cercanas a la jubilación y sin capacidad de reposición suficiente. Por eso, cuando este real decreto ley plantea el calendario de abono de los atrasos, que se pueden distribuir hasta 2028 o abonarse íntegramente en diciembre de 2025, según cada Administración y su negociación con los representantes de las trabajadoras, también está señalando algo de fondo: no todas las Administraciones están igual de preparadas ni tienen el mismo músculo financiero y, por tanto, abre la puerta a una desigualdad que creemos que hay que corregir.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.